Recurrir una multa, una sanción, solicitar una licencia o documentación ante cualquier administración pública es un proceso que requiere conocer las vías y métodos adecuados para realizarlo correctamente, plazos, instancias y recursos  pueden ser complicados si no se esta habituado a ellos y un error puede significar un perjuicio tanto económico como de otra índole.

Recurso ante administración

Por ello en LBJ Abogados nos comprometemos con usted en analizar el asunto, informarle de las posibilidades y tramitarlo en plazo y forma adecuada, llevaremos un control personalizado de su reclamación y le mantendremos informado de los avances que se produzcan hasta el término del proceso. No dude en reclamar lo que usted tiene derecho

Recurrir una multa

  • Recursos contencioso administrativos

    Este tipo de recursos caben cuando el ciudadano tiene que demandar a la Administración Pública:

    • La Administración General del Estado.
    • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
    • Las Entidades que integran la Administración local.
    • Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

     

    Los recursos contencioso-administrativo se pueden interponer contra:

    • Las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos (silencio administrativo) de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa.
    • La inactividad de la Administración.
    • Los actos que se dicten aplicando disposiciones cuando se alegue que estas disposiciones no son conformes a derecho, esto es, no son legales.

     

    Este tipo de recursos se suelen utilizar como última ratio para demandar a la Administración, existiendo vías previas, como son otro tipo de recursos (alzada, potestativo de reposición, etc.)

    También se pueden interponer este tipo de recursos: cuando las pretensiones que se deduzcan en relación con:

    • Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.
    • Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de Gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
    • La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

    Los plazos para poder presentar estos recursos difieren según las situaciones:

    • El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de 2 meses contados a partir de la notificación de la resolución que se impugna o de la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa, siempre que este acto sea expreso.
    • En los casos de actos presuntos, el plazo para interponer el recurso es de 6 meses contados a partir de que, según la normativa de aplicación, se produzca el acto presunto.
    • En los casos en los que hubiesen transcurrido 3 meses desde la reclamación efectuada a la Administración sin que esta se haya pronunciado, el plazo para interponer el recurso será de 2 meses contados a partir del transcurso de los 3 meses aludidos.
    • Si la Administración no ejecuta los actos ya firmes, los afectados pueden solicitar su ejecución y si ésta no se produce en el plazo de un mes, los interesados pueden interponer el recurso en el plazo de 2 meses contados desde el transcurso del mes aludido.
    • En los casos en los que se ha interpuesto recurso de reposición el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de 2 meses desde que sea desestimado expresamente o desde que se entienda desestimado por silencio administrativo.
    • En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer el recurso será de 2 meses salvo que legalmente se establezca otro diferente.

     

    Recursos contra la administración
    Recursos contra la administración

    En cuanto a la intervención de Abogado y Procurador, la del primero es siempre obligatoria, y la del Procurador es opcional, pudiendo entregarse las notificaciones al Abogado. Todo ello salvo que se presente el recurso ante un órgano colegiado o un tribunal, en cuyo caso, la obligación de intervención del Procurador también es necesaria.

     

    Si necesita un Abogado especialista en asuntos administrativos, en especial en este tipo de recursos, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho. La primera consulta es gratuita, y le asesoraremos sobre la forma de proceder que mejor se pueda ajustar a sus necesidades para alcanzar el mayor éxito posible.

  • Multas de tráfico

    Las conocidas como multas de tráfico son sanciones que se imponen por un órgano administrativo por la infracción de normas de circulación vial.

     

    Para poder imponer una multa a un ciudadano, se debe iniciar el denominado procedimiento sancionador. Se inicia mediante la notificación de la sanción (bien por correo certificado, o en el momento en que la Policía le para, entregándole la denuncia). Esta notificación debe ser fehaciente por lo que no se podría considerar válida si se ha realizado mediante correo ordinario. En el caso de que la Administración no localice al infractor, puede realizar la comunicación mediante Edictos.

     

    Helicóptero DGT - multas
    Helicóptero DGT - multas

    El plazo para presentar las alegaciones o pagar la multa (indicado siempre en el reverso de la misma) se inicia en el mismo momento de la recepción de la notificación, perdiendo el derecho a la bonificación del 50% si la recurres. Es por ello por lo que debe ponerse en contacto lo antes posible con nuestro equipo jurídico, para que le pueda asesorar sobre las posibilidades de éxito del recurso.

     

    Se pueden presentar alegaciones, o bien interponer recurso administrativo, y si este es denegado, pasaríamos a la vía contencioso-administrativa acudiendo a los tribunales.

    ¿Cuándo es conveniente recurrir mi multa?

    Si la notificación no se ha realizado de manera correcta, porque por ejemplo no se hayan indicado en la misma los órganos y plazos para recurrir la sanción, o bien por que haya prescrito la misma.

    También cuando no eres el conductor que ha cometido la infracción, para el caso en el que no le identificaron en el momento de la comisión, y pueda probar quién conducía el vehículo.

    Existen otros muchos motivos que pueden fundamentar el recurso de una multa de tráfico, es por ello, que cuanto antes contacte con nuestro equipo, mayores vías de solución le podremos ofrecer.

  • Sanciones Ley seguridad ciudadana

    La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (conocida como “Ley Mordaza”, tiene por objeto según su artículo primero “la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos”

     

    El artículo 39 de esta norma recoge las sanciones y multas que se pueden imponer, dependiendo de la infracción realizada. Así, se castigan las infracciones muy graves desde 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

     

    Manifestación - Ley Seguridad Ciudadana
    Manifestación - Ley Seguridad Ciudadana

    Asimismo, estas sanciones pueden llevar aparejadas el comiso de bienes instrumentos, suspensión temporal de licencias, autorizaciones y permisos, o clausura de locales, fábricas, etc, así como la retirada de armas.

     

    Existen tres tipos de grados (máximo, medio y mínimo) y se tiene en cuenta para su aplicación la valoración del riesgo producido para los ciudadanos, el perjuicio económico, el grado de culpabilidad, la capacidad económica, la alteración provocada en los servicios públicos, o el beneficio económico obtenido por la comisión de la infracción.

     

    Las sanciones prescriben a los seis meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.

    Se consideran Infracciones muy graves (art. 35):

      • Reuniones y manifestaciones que no se comuniquen o estén prohibidas en instalaciones donde se presten servicios básicos para la comunidad o cerca de estas en sus inmediaciones. También es infracción la intrusión en estos recintos cuando se genere un riesgo para la vida o la integridad física de las personas.

      • Fabricación, reparación, almacenamiento o cualquier tipo de comercio y distribución de armas reglamentarias, explosivos, cartuchos y munición o artículos pirotécnicos, así como su utilización sin tener la documentación ni autorización necesaria e incumpliendo la normativa. Este punto se aplica cuando no se considere como delito del capítulo 5 del título 22 del código penal. Además se incluye en esta infracción la falta de medidas de seguridad o precauciones que sean obligatorias, siempre que puedan causar perjuicios graves.

      • La proyección de haces de luz a los conductores de transportes o pilotos que puedan deslumbrar y distraer su atención, pudiendo provocar un accidente.

      • Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas, incumpliendo la prohibición o suspensión que haya sido ordenada por la autoridad por razones de seguridad pública.

       

      Las Infracciones graves según el art. 36 son las siguientes:

      • Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales o cualquier reunión a la que asistan numerosas personas, cuando no se considere delito.

      • Perturbación grave de la seguridad ciudadana en reuniones o manifestaciones que se realicen frente al Congreso de los Diputados, senado o asambleas legislativas. Aunque no estén reunidas.

      • Causar desórdenes en las vías y espacios públicos o en establecimientos públicos, u obstaculizar las vías públicas con vehículos, contenedores, etc en general cualquier objeto que pueda alterar gravemente la seguridad ciudadana.

      • Impedir y obstruir el ejercicio legítimo de las funciones de autoridades, funcionarios y cualquier empleado público. Siempre que este ejercicio se mantenga en el margen de la legalidad y no constituyan delito.

      • La resistencia y desobediencia a la autoridad o agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya delito del artículo 556 del Código Penal, así como negarse a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en el momento de la identificación.

      • Negativa a disolver reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público, siempre que concurra alguno de los supuestos de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

      • Impedir y perturbar el desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no concurra delito.

      • Intrusión en infraestructuras o instalaciones donde se presten servicio básicos y se incluye el sobrevuelo cuando se produzca interferencias graves en el funcionamiento.

      • Llevar armas prohibidas, exhibirlas o utilizarlas de forma intimidatorio o con negligencia o imprudencia. Aún cuando tenga licencia pero esté fuera de los lugares habilitados legalmente para ello. Se aplicará esta infracción cuando no sea delito.

        Tenencia ilícita de armas
        Tenencia ilícita de armas
      • Solicitar o aceptar servicios de carácter sexual (retribuidos) en zonas públicas con transito de personas o cerca de lugares destinados a menores de edad como colegios, escuelas, centros de guarda de menores, parques, entre otros.

      • El punto de la fabricación, almacenamiento… de armas… similar a la infracción muy grave pero la diferencia es que se aplicará la infracción grave cuando no cause un perjuicio muy grave.

      • Negativa de acceso a locales, establecimientos, fábricas, aeronaves y embarcaderos para su inspección o control legal.

      • Utilización públicamente de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales (o réplicas de los mismos que puedan producir engaño), así como cualquier otro equipamiento policial o de servicios de emergencias. Se aplica cuando no sea infracción penal.

      • La falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en la actuación como testigos o en la prevención y averiguación de delitos que puedan llegar a poner en peligro la seguridad ciudadana.

      • La tenencia o consumo de estupefacientes, drogas o similares en lugares públicos, considerando estos los transportes públicos, vías públicas, establecimientos, etc. También será infracción el abandono de las herramientas e instrumentos que se empleen en el uso de estas sustancias en los lugares mencionados.

      • El traslado de personas en un vehículo con el fin de facilitar a otras personas las drogas y sustancias del punto anterior, siempre que no sea delito.

      • El cultivo y plantación de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares que sean visibles al público, como por ejemplo balcones.

      • Tolerar el cultivo, consumo o tráfico de drogas, psicotrópicos o estupefacientes en locales o establecimientos públicos. O no impedir los actos cuando sean administradores, propietarios o encargados del lugar.

      • No llevar el registro de las actividades que tengan una especial transcendencia para la seguridad ciudadana u omitir las comunicaciones necesarias.

      • Presentar una identidad o datos falsos para obtener documentaciones legales, cuando no sea delito.

      • Incumplir los límites establecidos para navegaciones marítimas de alta velocidad y aeronaves ligeras.

      • Uso no debido y no autorizado de imágenes o datos personales y profesionales de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan llegar a poner en peligro la seguridad personal o incluso familiar del agente. También será infracción poner en riesgo una operación, respetando el derecho fundamental de la información.

      Son Infracciones leves (art. 37):

      • Celebrar reuniones o manifestaciones incumpliendo lo establecido en los art. 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la ley orgánica 9/1983 de derecho de reunión, estos artículos están relacionados con la presentación de la documentación a los órganos correspondientes y su autorización, llevar a cabo la manifestación o reunión sin respetar lo que establezcan dichos órganos será una infracción leve a la ley de seguridad ciudadana. La responsabilidad será de los promotores y organizadores del evento.

      • Exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física cuando no sea delito o infracción grave.

      • No cumplir con las restricciones que se establezcan con restricciones peatonales debido a un evento o acto público, reuniones o manifestaciones, provocando una alteración menor.

      • Faltas de respeto a las autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

      • Proyección de haces de luz sobre las autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad para dificultar o impedir el ejercicio de sus funciones.
      • Ocupar o permanecer en un inmueble, edificio ajeno o vivienda cuando no tenga la voluntad del propietario.

      • La negligencia en las medidas para la conservación de la documentación de armas y explosivos. Además será infracción la falta de denuncia de pérdida o sustracción de la misma.

      • Cualquier tipo de irregularidad en los registros que están previstos en la ley, así como cualquier aportación de datos falsos u omisión de comunicaciones que sean obligatorias, cuando sea de importancia para la seguridad ciudadana y no constituya delito.

      • No obtener o renovar la documentación personal, así como no denunciar la sustracción o pérdida. Además es infracción a la Ley de seguridad ciudadana la negligencia en la conservación de la documentación, cuando se pierda o extravíe 3 veces en el período de un año.

      • No entregar la documentación personal cuando se haya acordardo la retirada o retención.

      • Producir daños en bienes muebles o inmuebles públicos, y también a los que sean privados que se encuentren en vía pública, cuando no sea delito.

      • Abandono animales
        Abandono animales

        Escalar edificios, monumentos o cualquier otro provocando un riesgo para personas o bienes.

      • Quitar vallas, encintados o cualquier otro elemento que haya sido fijado por las fuerzas y cuerpos de seguridad y que tengan como finalidad delimitar perímetros de seguridad.

      • El abandono de animales domésticos o dejar sueltos animales feroces que puedan provocar daños.

      • Consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, vías, establecimientos, transportes públicos, etc, cuando produzca molestias graves a los ciudadanos.

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